La Contraloría General de la República anunció nuevas medidas para limitar el uso irregular de viviendas fiscales, luego de detectar casos en que estos inmuebles eran utilizados prácticamente como residencias permanentes. La decisión busca reforzar el correcto destino de estas propiedades y evitar eventuales abusos en sistema.
El organismo advirtió que este tipo de prácticas puede constituir un uso irregular de bienes del estado y afectar el principio de probidad administrativa, por lo que se establecieron mayores restricciones y criterios de fiscalización para asegurar el correcto destino de estas propiedades.
