El reciente dictamen de Contraloría General de la República (CGR) vuelve a poner en el centro una realidad incómoda para muchos municipios : Numerosos concejales han transformado cargos de representación y fiscalización en plataformas de activismo, protagonismo mediático o intervenciones ajenas a sus atribuciones legales.
La resolución es clara: Los concejales deberán centrarse en las funciones propias de sus cargos, es decir, fiscalizar la gestión municipal, aprobar presupuestos y representar los intereses comunales dentro del marco institucional. Lo preocupante es que haya sido necesario un pronunciamiento formal para, recordar obligaciones básicas que debieran entenderse desde el primer día de ejercicio.
Durante años, parte del mundo político local ha normalizado prácticas que desdibujan el rol del concejal participación en actividades administrativas, presiones indebidas sobre funcionarios, uso comunicacional de recursos públicos e incluso agendas personales alejadas de las necesidades reales de lis vecinos. Esta distorsión no solo deteriora la gestión municipal, sino que además debilita la, confianza ciudadana en las instituciones.
El Dictamen de Contraloría no debiera interpretarse como una simple advertencia burocrática, sino como un llamado de atención a una cultura política que muchas veces privilegia la exposición antes que el trabajo serio y técnico. Fiscalizar no es hacer espectáculos; representar no es intervenir donde no corresponde.
Si los municipios quieren recuperar credibilidad, el primer paso es que cada autoridad entienda los límites y responsabilidades de su cargo. La autonomía comunal no puede transformarse en tierra de nadie, y el servicio público exige disciplina institucional, no improvisación política.
Contraloría recuerda lo obvio, concejales no pueden actuar fuera, de sus atribuciones.
